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Nuevos acuerdos
comerciales, o cómo acabar
de quebrar el agro 

Carlos Tobar I OPINIÓN
Desde Neiva, Huila (Julio, 2018)

Excúsenme el título-discurso, pero, no encuentro otra manera de encajar la decisión del gobierno nacional de golpear, de manera aleve, al descaecido sector agropecuario.

Estoy hablando de la Alianza del Pacífico conformada por Colombia, Chile, Perú y México, que, en su V ronda de negociaciones con los países candidatos a convertirse en Estados asociados (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur), está a punto de darle la estocada final al agro nacional. 


Negociaciones que el Ministerio de Comercio, lleva a cabo sin oír ni tener en cuenta a los otros Ministerios, particularmente al de Agricultura y, mucho menos, escuchando a los gremios interesados.


Las preocupaciones vienen del libre acceso que tendrían a nuestro mercado de carne, leche y azúcar, excedentes de Australia y Nueva Zelanda. Sobre todo, de este último, uno de los principales países productores de leche, con una capacidad de producción de tal magnitud que, más del 80% va para el mercado internacional.


Sería la quiebra del sector lechero nacional que atraviesa por dificultades extremas por las políticas de libre comercio que, durante ya casi 30 años, han encarecido los factores de producción internos: crédito, energía, agua, transporte, insumos agropecuarios, etc., mientras no se garantiza la rentabilidad de la producción nacional, hasta conformar una situación de costo-país que hacen inviable cualquier actividad productiva interna.


Las negociaciones han tenido un carácter de secreto de estado. La ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, con sus asesores han llevado esta negociación –como ya decíamos– sin considerar el interés nacional.


Pareciera que, respondieran más a los intereses de las grandes multinacionales comercializadoras de leche, carne y azúcar, tanto que, en la práctica, tienen es el tinte de funcionarios extranjeros que de representantes de productores colombianos.


La animosidad que han generado en los representantes de los gremios ha sido tal que, por ejemplo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señalaba en la revista Contexto Ganadero en la primera semana de julio que “todos los gremios de la producción de leche y de la industria láctea, en forma conjunta e individualmente, directamente al presidente de la República, o a través de la ministra de Comercio, en comunicaciones oficiales y a través de los medios (…), le han pedido al Gobierno (…), le han ‘clamado’ que excluya al subsector lácteo del TLC que se obstina en negociar con Australia y Nueva Zelanda. Como presidente de Fedegán, mi petición se amplió al subsector cárnico, con argumentos que le planteé a la Ministra Gutiérrez en carta que ni siquiera ha merecido respuesta”.


Recordemos que Lafaurie, durante el gobierno de Uribe, en cierta medida aceptó situaciones desventajosas similares en los TLC’s con Estados Unidos y la Unión Europea, pero, como se dice, “todo tiene un límite” que, parece ser la competencia abierta con Nueva Zelanda y Australia.


Las élites colombianas se montaron en el modelo económico de libre comercio que, tiene por eje la exacción del trabajo y el ahorro nacional, que implica entre otras consecuencias, la explotación inmisericorde del mercado interno.


He aquí, un ejemplo más.

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CARLOS TOBAR / Neiva, julio de 2018

MÁS DE CARLOS TOBAR

SANTOS: UN BALANCE AGRIDULCE

Están terminando 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos.


El balance es agridulce, porque si bien asumió la tarea, largamente aplazada, de terminar la confrontación interna que por más de 50 años ha desangrado a la nación, a la vez y, aprovechando precisamente la bandera de la paz, profundizó hasta lo indecible el modelo de libre comercio que favorece sin límites a las fuerzas del gran capital, mientras ahoga, aprieta, atenaza a las fuerzas del trabajo y de la producción nacional.


El primer reto, la paz, fue un proceso de negociación largo, complejo, sinuoso, porque no era solo negociar con una guerrilla de tradición histórico-política que, supuestamente, tenía un proyecto ideológico diferente al del estado vigente, sino que, el conflicto ha estado atravesado por el negocio del narcotráfico, el combustible perfecto para enrarecer y degradar la confrontación.


Tanto que, muchas de sus manifestaciones fueron comportamientos abiertamente delincuenciales; una extraña mezcla de política y delincuencia común.


En el proceso de negociación, el gobierno Santos, hubo de hacer concesiones en temas sensibles como la justicia y la participación en política de los alzados en armas que, le trajeron fuertes contradicciones con su antecesor y promotor, Álvaro Uribe, quien aprovechó las circunstancias para organizar un frente de oposición a la negociación y hasta construir un partido político que se diferenciara de la corrupta unidad nacional santista.


La táctica le funcionó, de tal manera que terminó eligiendo al sucesor en la presidencia de la república.


El resto de su política interna y externa, fue una prolongación y profundización de la política de libre comercio, que, desde comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sombra del “Consenso de Washington”, las élites colombianas asumieron e impusieron a contrapelo de los intereses y necesidades de las mayorías nacionales.


El costo para el país ha sido inmenso: perdimos la mayor parte de la industria y, la que quedó, tiene importante participación de capital extranjero; perdimos la agricultura que, ha sido suplantada por producción de los países desarrollados (trigo, maíz, arroz, fríjol, papa, cebolla y un largo etcétera hasta alcanzar los 14 millones de toneladas anuales).


Una política perversa que termina remplazando trabajo nacional por trabajo extranjero.


Privatizamos sectores estratégicos de la producción y los servicios, incluyendo áreas sensibles como la salud y la educación. Y, lo peor, se redujo al mínimo la inversión en desarrollo social en comunidades condenadas al trabajo precario y la marginalidad.


El andamiaje jurídico en donde renunciamos a la soberanía nacional, quedó consignado en los tratados de libre comercio que, en la práctica, suplantaron el orden legal del país.


En este propósito, la unidad sin diferencia alguna de los sectores políticos santistas y uribistas, aprobó cuanta norma sirviera a los protervos intereses del gran capital.


En síntesis, se ha montado una turbina infernal que saquea el producto del trabajo, las riquezas naturales y el ahorro nacional, impidiendo el desarrollo económico necesario para suplir las necesidades del pueblo.


Lo que sigue, con Duque, es más de lo mismo. La diferencia es que las élites, ya no tienen el parapeto de la falsa guerra, ni la plata de la bonanza petrolera. Los años por venir serán, a no dudarlo, de grandes convulsiones sociales. [CARLOS TOBAR]

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